La jueza Simy Beatriz Benasayag homologó un juicio abreviado y la inhabilitó por 3 años. La profesora interina le pedía hasta $150.000 a estudiantes de la Escuela N° 563 de Colonia Carlos Pellegrini y las amenazaba por WhatsApp si no pagaban el «producto».
Una docente interina de la Escuela N° 563 Domingo Faustino Sarmiento de Colonia Carlos Pellegrini fue condenada a tres años de prisión en suspenso e inhabilitada por igual plazo para ejercer la docencia tras ser hallada culpable de exigir dinero a dos alumnas a cambio de aprobarles materias que no cursaban. La jueza de Garantías de Mercedes, doctora Simy Beatriz Benasayag, homologó un acuerdo de juicio abreviado pleno y le impuso además una multa de $360.000 y el pago de una reparación económica de $480.000 a las víctimas.
El fallo, correspondiente a la Resolución N° 85/26 del Legajo Judicial 23226/26, se dictó el 7 de agosto de 2026 luego de la audiencia celebrada dos días antes en la Oficina Judicial de Mercedes, con la participación de la magistrada, el fiscal Adrián Aurelio Casarrubia y el defensor oficial Edgardo Gustavo Grinberg. La sentencia tuvo por acreditados dos hechos ocurridos entre abril y julio de 2025, durante los cuales la docente se desempeñaba en el turno noche y utilizó su posición de autoridad para extorsionar a estudiantes.
El primer caso se produjo entre junio y julio de 2025, cuando la mujer ofreció a una alumna aprobarle las materias sin concurrir a clases a cambio de $100.000. La estudiante entregó $30.000 y recibió reclamos insistentes para completar el pago. Según consta en la causa, el 28 de julio la docente le envió un mensaje por WhatsApp intimándola a pagar el total del denominado «producto» bajo la advertencia de que, de no hacerlo, no aprobaría el módulo. El segundo hecho involucró a otra alumna a quien le exigió $150.000 bajo la misma amenaza de desaprobación; el 25 de abril de 2025 la víctima efectuó una transferencia mediante Mercado Pago.
La magistrada destacó que la condena no se sustentó únicamente en el reconocimiento de la imputada, sino que contó con respaldo probatorio independiente conformado por denuncias, declaraciones testimoniales, audios, capturas de conversaciones, comprobantes de transferencias, un informe de una trabajadora social y documentación del Ministerio de Educación. «Las probanzas incorporadas me permiten tener por respaldada la aceptación de los hechos formulada por la imputada», fundamentó Benasayag, calificando los hechos como los delitos de abuso de autoridad y concusión en concurso ideal, reiterados en concurso real.
La condenada deberá cumplir durante tres años reglas de conducta que incluyen fijar domicilio y número de contacto, abstenerse de hostigar o intimidar a las víctimas y respetar las restricciones dispuestas por la Justicia. La pena acordada, según explicó la jueza, se encontraba dentro de la escala legal prevista para los delitos y fue analizada conforme a las reglas de la sana crítica, evaluando circunstancias atenuantes y agravantes del caso.