La semana pasada la Justicia detuvo a cinco sospechosos, cuatro de ellos imputados por el asesinato de la docente desaparecida el 7 de octubre en Esquina, y el operativo para encontrar el cuerpo continúa.
La semana pasada, la investigación por el caso de la docente Nancy Godoy, desaparecida desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina, tuvo un giro dramático: la Justicia comenzó a investigar el hecho como un femicidio y cinco sospechosos fueron detenidos. Ahora, mientras continúan los operativos para encontrar el cuerpo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) emitió un comunicado en el que explicó por qué cree que la mataron. Cuatro de los sospechosos están imputados por el asesinato, mientras que al quinto se lo acusa de falso testimonio: los acusados son Ireneo Zarza, capataz de la estancia «El Curupí» —lugar donde funciona la escuela donde dictaba clase—; Rosa Leguizamón, quien vio por última vez a Godoy; la pareja de Rosa, Nahuel Rojas; y otro capataz identificado como Felipe Dionisio Sandoval. Los tres hombres fueron acusados del delito de femicidio, mientras que Leguizamón fue imputada por homicidio simple; Ernesto Ezequiel Bordón, el quinto sospechoso, está preso por falso testimonio. Todos, según resolvió el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos, estarán detenidos con prisión preventiva hasta el inicio del juicio.
De acuerdo con el MPF, los fiscales que llevan adelante la investigación, Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, ordenaron una serie de medidas que incluyeron declaraciones testimoniales, secuestro de objetos de interés para la causa, análisis de comunicaciones telefónicas y pericias genéticas. Estos últimos estudios «se encuentran sujetos a un análisis integral y a la espera de resultados». El cúmulo de pruebas —explicaron— les permitió sostener la hipótesis de que a Nanci la mataron. Según precisaron, Godoy, directora suplente de la Escuela Rural N° 626, desapareció en los primeros días de octubre de 2026 en el paraje Malezal, Esquina; el 9 de octubre estaba previsto su regreso desde la zona rural donde trabajaba, sus familiares radicaron la denuncia el 15 de octubre y el MPF tomó intervención recién a partir de esa fecha.
La acumulación de pruebas llevó a la Fiscalía a reorientar la investigación y ya no buscar a una persona con vida, sino un cadáver. El Ministerio Público Fiscal adoptó formalmente la hipótesis de femicidio como línea de trabajo central, lo que a su vez derivó en la detención de cinco personas, y subrayó que la situación de los detenidos «es examinada conforme a la legislación vigente, con pleno respeto de las garantías constitucionales y del principio de inocencia, sin adelantar conclusiones definitivas». «El abordaje de la hipótesis de un posible femicidio responde a la rigurosidad penal del caso, pero de ninguna manera implica abandonar la búsqueda», aclararon desde el organismo, que señaló que el rastreo «continuará de manera exhaustiva con las fuerzas policiales y de seguridad intervinientes».
Hasta ahora, las autoridades no informaron el hallazgo de restos ni ningún elemento que permita determinar con certeza qué ocurrió con la docente, y los resultados de las pericias genéticas —que podrían aportar datos sobre ese punto— todavía están pendientes. En paralelo, los investigadores hallaron prendas quemadas en la tapera de Zarza, el capataz acusado de femicidio, que serán sometidas a peritaje para establecer su relación con el hecho. El MPF también se refirió al vínculo con los allegados de la docente, reconoció «el profundo impacto emocional que este caso tiene en los familiares» y anunció que mantiene abiertos canales de comunicación para brindarles información dentro de los límites que impone la reserva legal de la investigación. «La investigación se basa estrictamente en hechos verificados dentro del legajo, lo que garantiza la solidez del proceso y asegura un avance efectivo hacia el total esclarecimiento de los hechos», concluyeron.