El decreto 1350/26 declaró de interés público la única oferta válida, presentada por un consorcio de tres empresas, y abrió la elaboración de los pliegos para concesionar el complejo correntino por 20 años. De ocho propuestas iniciales, siete quedaron descartadas.
Luego de más de dos años de trámite, el presidente Javier Milei firmó el decreto 1350/26, publicado en el Boletín Oficial, por el que declaró de interés público la única iniciativa privada que sobrevivió al proceso de evaluación para concesionar el Centro de Fronteras Paso de los Libres, en Corrientes, por al menos dos décadas. De este modo, quedó habilitada la elaboración de la documentación licitatoria para el paso fronterizo terrestre más importante del interior del país y la segunda aduana de mayor movimiento de Argentina.
El complejo —que incluye el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) y el Área de Control Integrado (ACI)— está ubicado en la localidad de Paso de los Libres, limítrofe con la ciudad brasileña de Uruguayana, en el estado de Río Grande del Sur. Funciona como el principal puerto seco del país: por sus instalaciones circulan en promedio entre 700 y 1.000 camiones diarios, alrededor de 200.000 vehículos de carga al año, y concentra la mayor parte del intercambio comercial terrestre entre la Argentina y Brasil. El predio está sujeto a privatización desde octubre de 2024, cuando se lanzó la convocatoria a iniciativas privadas.
La única propuesta que logró avanzar fue presentada por el Grupo Promotor, un consorcio integrado por tres empresas con perfiles complementarios: Empresa General Urquiza SRL, controlada por la familia Derudder, propietaria de la histórica empresa de transporte Flecha Bus; Servicios Logísticos Integrados SRL, que opera Fast Track, una de las principales proveedoras logísticas de Mercado Libre; y Da Fré Obras Civiles SA, propietaria de una porción del medio mendocino Los Andes y a cargo de la concesión del mirador del Obelisco junto con Andesmar. De las ocho iniciativas recibidas durante la convocatoria, siete fueron descartadas por no cumplir los requisitos de admisibilidad.
La iniciativa contempla una concesión onerosa por 20 años, prorrogable por cinco más, financiada íntegramente con inversión privada. El futuro concesionario tendrá a su cargo la administración, operación, mantenimiento y explotación del complejo, y recuperará la inversión a través del cobro de peajes, tarifas de estacionamiento y estadía, sin desembolsos del Estado, mientras que los controles aduaneros, migratorios y sanitarios —Aduana, Migraciones, SENASA, Sanidad de Frontera y Gendarmería Nacional— seguirán en manos de los organismos públicos. El proyecto incluye además un parque solar fotovoltaico con una capacidad inicial de 1 megavatio (MW), con posibilidad de ampliación, destinado a abastecer el complejo y entregar el excedente a la red eléctrica.